Las Comisiones de Bienestar Social de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, celebraron hoy, lunes, la segunda vista pública conjunta con el fin de discutir el Proyecto de la Cámara 911 y el Proyecto del Senado 537, para establecer la “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar”.
La medida busca garantizar el cumplimiento de la Ley del Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services y derogar la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.
Además, el estatuto dispone atemperar las prácticas administrativas y judiciales del Gobierno de Puerto Rico en todo proceso de protección de menores con adelantos recientes en las ciencias del desarrollo humano.
A la vista pública, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz y la senadora Rosamar Trujillo Plumey, asistió la licenciada Giselle Rosa González de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), quien expuso que en términos generales el Departamento de Familia (DF) está cumpliendo con la rendición de informes sobre los casos de menores. ‘’Siempre hay casos particulares que requieren más tiempo, pero normalmente se cumple con lo establecido. Hay veces que los procesos se complican, pero los casos se están trabajando adecuadamente gracias a la colaboración con el Departamento’’.
A preguntas de la representante Burgos Muñiz sobre la estadística de los casos de remoción que se atienden en el tribunal, los que van a la custodia del DF y los que van a recursos familiares, la funcionaria de la OAT dijo que no tenían la información disponible por lo que corroborarán si cuentan con ella en su base de datos.
‘’Hago la pregunta para saber si con esta nueva ley los números van a cambiar o serán los mismos y poder ver qué beneficios tendría. Hay que tener los datos para ver dónde estamos y así poder analizar y revisar la ley como se hace normalmente. Si la legislación cambia y se ve que no está funcionando, deberíamos tener los números para poder realizar las modificaciones y enmiendas pertinentes’’, expresó la portavoz de Proyecto Dignidad (PD).
Por su parte, Rosa González destacó que ‘’actualmente el Tribunal cuenta con un programa e iniciativa dirigida a la representación legal llamada ‘’Justicia para la niñez’’, creado en el poder judicial, para atender casos de maltratos y negligencia a menores. Estos son servicios de orientación dirigida a los progenitores o encargados y canalizamos los trámites para brindarles su representación legal’’.
Según la funcionaria, actualmente el proyecto está funcionando en cuatro regiones judiciales; Bayamón, Mayagüez, San Juan y Utuado.
‘’En Puerto Rico los casos de maltrato han ido incrementando fuertemente y es importante que los padres y familiares que ven y escuchan casos de maltrato, sepan de este proyecto porque la mayoría de las veces no saben que esto existe para poder ayudar a un menor’’, indicó Burgos Muñiz.
‘’Pueden haber muchas iniciativas, pero si no se divulga correctamente es como si no existiera. El maltrato de menores nos corresponde a todos atenderlo y es algo muy triste lo que sucede con este asunto, por lo que es clave buscar estrategias para llevar el mensaje de que existen programas como este’’, agregó.
A su vez, de acuerdo con Rosa González, la OAT y sus jueces se encuentran listos para atender la nueva política sobre los procedimientos adjudicativos en los casos de menores de edad víctimas de maltrato. ‘’Entendemos que la medida propuesta atiende una serie de factores y elementos que son en beneficio en el propio proceso judicial, pero hicimos señalamientos para mejorar la redacción’’.
Por otro lado, la senadora Trujillo Plumey indicó la importancia que se le debe brindar a las minutas detalladas en los procesos judiciales relacionados a los casos de menores. ‘’Hace más de dos años, el Departamento de Familia está hablando sobre lo que son minutas detalladas. Si un juez comienza, es importante que terminen el caso a término para que puedan mirar el progreso y desarrollo de este. Además, es clave que asistan a las vistas. Una minuta es una radiografía y ustedes los Tribunales son los responsables de cómo el menor está siendo atendido’’.
‘’Muchos de los problemas que está enfrentando Familia con el Gobierno Federal es que las minutas no tienen contenido y realmente es una responsabilidad del juez atender ese asunto. Por eso es clave que esto sea un trabajo en conjunto y se le brinde el adiestramiento correcto a cada magistrado. Es imperativo que se trabajen minutas detalladas y con una responsabilidad en la cual los casos de menores sean vistos para tener la garantía que el menor existe y se encuentre en condiciones óptimas. Mientras más ojos estén pendiente de los menores, mucho mejor’’, sostuvo.
Finalmente, Marcos Santana-Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (REDENIJPR) informó que el camino hacia la implementación de Family First Prevention Services ha sido ‘’apresurado y no ha permitido el desarrollo apropiado del ecosistema necesario para que la ley funcione’’. ‘’Para que Puerto Rico pueda moverse hacia un modelo enfocado en la prevención y el fortalecimiento familiar, falta aumentar la cantidad y efectividad de los servicios de prevención, basados en evidencia y culturalmente adaptados, que están disponibles en las comunidades’’, puntualizó.
